El Acueducto, a cargo de las basuras
Eduardo Behrentz
Volver a los tiempos de la Empresa Distrital de Servicios (Edis)
afectará la calidad del servicio y golpeará las finanzas públicas de la ciudad.
La posibilidad de contar con empresas privadas que se dediquen a la
prestación de servicios públicos domiciliarios obedece a una consolidada
tradición, que cuenta con sendos antecedentes jurídicos. Los artículos 334, 365
y 367 de la Constitución dieron vía a este esquema, que fue reglamentado por la
Ley 142 de 1994 y por medio de las comisiones nacionales de regulación.
Antes de la reforma, los servicios en mención (v. g., acueducto, alcantarillado,
aseo) se caracterizaban por bajas coberturas y una operación deficiente en
horarios restringidos. Se utilizaban tarifas no tecnificadas y carentes de
contabilidad de costos, que impedían el cubrimiento de los gastos de operación.
Esto, a su vez, generaba dependencia de los recursos de transferencia, lo que
dificultaba las inversiones encaminadas a mejorar calidad y cobertura.
Adicionalmente, en ausencia de un ente técnico centralizado, el establecimiento
de las tarifas obedecía a presiones e intereses políticos de orden local, que
no tenían relación con los objetivos del servicio, este último prestado por
empresas descentralizadas que se convirtieron en focos de corrupción y
politiquería.
En contraste, gracias a la implementación del régimen de regulación
económica, que se deriva de la Ley 142, se ha logrado promover la suficiencia
financiera de las empresas e incentivar las inversiones encaminadas al
mejoramiento del servicio. Asimismo, se ha avanzado en la eficiencia
operacional sin castigar la calidad, y se ha logrado una mejor articulación de
las políticas sectoriales establecidas a escala nacional. Como resultado del
arreglo actual de competencia entre entes de diferentes índoles (incluyendo
organizaciones del Estado) que se encuentran sujetos al marco de regulación
antes mencionado, se ha logrado incrementar la productividad de las empresas en
un contexto de control de precios y uso racional de los recursos.
Más importante aún, el esquema hoy utilizado logró que los colombianos
tuvieran una mayor calidad y acceso a los servicios en mención. En los primeros
diez años de aplicación del sistema vigente, la cobertura urbana de
alcantarillado aumentó 10 puntos, mientras que las coberturas rurales de
acueducto y alcantarillado pasaron de 40 al 65 por ciento y de 50 al 58 por
ciento, respectivamente.
Para el caso de residuos sólidos, los avances son igualmente
interesantes. En años recientes, el número de municipios que cuentan con
verdaderos rellenos sanitarios ha aumentado cerca del 20 por ciento (ya son más
de 700 municipios), mientras que aquellos que aún utilizan sitios de
disposición no tecnificados se han visto disminuidos en más del 25 por ciento
(hoy son menos de 250).
Los antecedentes descritos muestran la inconveniencia y eventual
ilegalidad de la iniciativa de la Administración Distrital de contar con un
monopolio para la prestación del servicio de aseo por parte de la Empresa de
Acueducto de Bogotá. Una decisión en esta dirección representa un contrasentido
en el actual esquema de servicios públicos y daría al traste con los avances
alcanzados durante las últimas dos décadas. Todo esto sin contar los altísimos
costos asociados con el incremento multimillonario en la nómina y equipamiento
del Acueducto, entidad que carece de experticia en materia de aseo.
En conclusión, volver a los tiempos de la Empresa Distrital de
Servicios (Edis) afectará la calidad del servicio y golpeará las finanzas
públicas de la ciudad. Más aún, con esta decisión se abre la puerta para que
intereses políticos indebidos entren en conflicto con las condiciones de
salubridad y de la calidad de vida de los bogotanos.
Tomado de El Tiempo de Colombia
No hay comentarios:
Publicar un comentario