GUATEMALA
Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala
Siete indígenas muertos en protesta
Luego que los costos de la electricidad se duplicaron en un año en el
nororiental departamento de Totonicapán a casi US$12 mensuales, la lideresa
maya kiché Juana Celestina Batz Puac decidió que había que protestar. “Esto es
demasiado”, dijo, meneando la cabeza.
Para Batz Puac es injusto que las familias rurales que sólo tienen un
foco de luz en sus casas estén sujetas a un aumento de precio al parecer
arbitrario. “Necesitan escuchar nuestras demandas”, dijo. “Como pueblos
indígenas, nosotros estamos consumiendo su energía, y ellos se están
enriqueciendo a costa de la gente”.
Los habitantes de los 48 cantones de Totonicapán están particularmente
molestos porque el alumbrado público no llega a las zonas rurales aunque les
cobran por su consumo en el recibo mensual. En mayo, manifestantes ocuparon las
oficinas de Energuate, la empresa distribuidora de electricidad, en la capital
departamental, también llamada Totonicapán. Sin embargo, la empresa —que es
mayoritariamente de propiedad de la empresa británica de inversión Actis—
insistió que sólo cobra lo que estipula la estatal Comisión Nacional de Energía
Eléctrica. Las demandas de los manifestantes no fueron atendidas.
Totonicapán es uno de los departamentos más pobres de Guatemala (82.2%
de su población sufre de malnutrición crónica, de acuerdo con la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional). Sin embargo, sus acciones colectivas han
hecho historia.
En 1998 y el 2002, la población de los 48 cantones tomó las calles para
protestar contra un aumento tributario y en el 2007 evitó que el Congreso
aprobara una controvertida ley que habría privatizado el servicio de agua
potable.
Con esos antecedentes, los líderes indígenas del departamento
bloquearon dos puntos de la Carretera Interamericana el 4 de octubre en Cumbre
de Alaska (kilómetro 170) y un cruce muy transitado conocido como Cuatro
Caminos (kilómetro 188).
El día anterior los líderes indígenas habían anunciado su intención de
bloquear la carretera, ante lo cual policías antimotines llegaron muy temprano.
A las 2:00 pm, mientras se producía el bloqueo, dirigentes de los 48 cantones
de Totonicapán llegaron al palacio presidencial, pero no se les permitió la
entrada y se les informó que el presidente Otto Pérez Molina, ex militar
retirado de línea dura, no los recibiría.
Versiones contradictorias
Decenas de vehículos policiales y al menos dos vehículos militares
fueron enviados a la Carretera Interamericana. Lo que ocurrió después está
siendo investigado por el Ministerio Público en vista de que existen diferentes
versiones de los hechos.
Según el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, cuando los
manifestantes se negaron a levantar los bloqueos, la Policía lanzó bombas
lacrimógenas para dispersar a la multitud y el Ejército fue enviado para apoyar
la acción policial. Sin embargo, López Bonilla aseguró que los soldados no
estaban armados y la mayoría de víctimas fueron por heridas de bala y de
machete infligidas durante una escaramuza entre los mismos manifestantes. Siete
personas murieron en el consiguiente caos, dijo, y los manifestantes también
lanzaron piedras a los agentes e incendiaron varios vehículos policiales y
militares. López Bonilla agregó que la libertad de circulación debe ser
defendida y respetada por sobre todo.
Decenas de ciudadanos se intoxicaron con los gases lacrimógenos.
Finalmente, el enfrentamiento dejó un saldo de 34 heridos y siete muertos:
Santos Nicolás Hernández, Jesús Francisco Puac, Arturo Félix Fapón, Eusebio
José Puac, Jesús Cano, Santos Nicolás Menchú y Rafael Batz, todos del
departamento de Totonicapán.
La versión de los manifestantes es muy diferente. “Quienes estuvieron
en la manifestación nos dijeron que fueron personas del Ejército quienes
dispararon contra ellos”, afirmó la líder indígena Carmen Tacam durante una
conferencia de prensa. Enfatizó que los manifestantes estaban desarmados y
explicó que algunos llevaban la “vara de autoridad comunitaria”, bastón de
madera que es entregado al líder o lideresa de la comunidad durante una
ceremonia tradicional maya cuando es elegido.
La Procuraduría de los Derechos Humanos también informó que, al
contrario de lo que señaló López Bonilla, los soldados que fueron enviados para
apoyar a la Policía a dispersar a la multitud estaban armados con fusiles
israelíes Galil usados por las Fuerzas Armadas durante los 36 años de guerra
civil.
El gobierno también afirmó que agitadores vestidos de civil habían
infiltrado la protesta y abrieron fuego contra la Policía que de inmediato
respondió. Esto ha sido negado categóricamente por los manifestantes.
Las Naciones Unidas y el cuerpo diplomático han condenado enérgicamente
las acciones del gobierno durante la protesta. “Es lamentable que una
manifestación legítima haya terminado con siete muertos. El riesgo de mantener
las fuerzas militares en tareas de seguridad pública es altísimo”, dijo Alberto
Brunoni, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos para Guatemala (OACNUDH).
Falta de respeto
El 5 de octubre, los establecimientos comerciales en todo Totonicapán
cerraron en señal de luto por los manifestantes muertos. La población tomó las
calles del centro de la capital departamental, llevando pancartas que
demandaban justicia y poner fin a las políticas represivas gubernamentales. La
lideresa indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, viajó a la zona en
una misión de investigación de los hechos en representación de su organización
humanitaria, la Fundación Rigoberta Menchú.
Mientras Totonicapán todavía lloraba sus muertos, la tristeza se convirtió
en ira cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, trató de
minimizar la gravedad del incidente al decir que muchas más personas mueren
cada día como resultado de la creciente violencia. “Todos los días tenemos el
doble de muertos, entonces como que no es una llamada de atención tan grande”,
manifestó.
En su cuenta de Twitter, Caballeros insultó a sus críticos
calificándolos como “burros” y “pendejos”. Más tarde se disculpó y señaló que
había hecho sus comentarios en un momento de cólera. Sin embargo, Menchú y
otros líderes indígenas respondieron señalando que el ministro es “racista” y
demandaron su inmediata destitución. El presidente Pérez Molina manifestó que
un alto funcionario gubernamental “no puede darse el lujo de contestar de ese
modo”.
El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Winak, el partido de
Menchú, demandaron la presencia de Caballeros en el Congreso para que rinda
cuentas por el incidente y que sea amonestado por sus acciones. Sin embargo,
para forzar su destitución, ambos partidos tendrían que promover una
interpelación legislativa y asegurar una mayoría de votos de censura, lo cual
es difícil debido a que el gobernante Partido Patriota tiene más de la mitad de
los escaños en el Legislativo. —enviado por Noticias Aliadas.
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