El Estado se da el
lujo de esta estafa, es cierto, porque la leyenda negra sobre los expropiados
de la reforma agraria continúa viva en el Perú…
Sorprendió la manera como el presidente Ollanta
Humala solicitó al Tribunal
Constitucional (TC) que se abstenga de dar la resolución que ordena
ejecutar la sentencia –dictada hace doce años– que dispone el pago de los bonos
de la reforma agraria – emitidos por el Estado Peruano e incumplidos por el
mismo desde hace décadas–. El argumento del presidente fue que, en temas
“sensibles”, los magistrados debían abstenerse porque están de salida. Pero esa
no es una razón. El del TC no es el caso de un gobierno de salida, que ya no
refleja la voluntad política nacional que ha escogido a otro gobierno. Los
magistrados no expresan la voluntad política de nadie, por más de que el
gobierno pareciera creer que con tres leales, luego de la ‘repartija’ ocurrida,
podrá sacar el fallo que quiera. Los principios jurídicos –al menos ahí donde
hay Estado de derecho– no están sujetos a cambios políticos. Aquí estamos ante
casos que los magistrados han conocido y respecto de los cuales ya se han
formado un juicio.
Lo esencial es que el asunto de los bonos fue una estafa: el
Estado prometió pagar y no lo hizo. Y está claro que un país serio, que aspira
a ser desarrollado, no debiera estafar en ningún caso y, menos que nunca, de
una manera continuada, como ha sucedido en este asunto. Porque es indudable que
el incumplimiento de esta deuda, habiéndose mantenido invariable gobierno tras
gobierno, sin importar el signo político de quien estuviese en el poder,
califica hace rato como una auténtica política de Estado. Estamos ante el
‘perro muerto’ oficial más largo de la historia del Perú.
El Estado se da el lujo de esta estafa, es cierto, porque la
leyenda negra sobre los expropiados de la RA continúa viva en el Perú. Pero la
caída escandalosa que tuvo la producción de nuestro campo luego de Velasco
demuestra que esta leyenda no era cierta para la mayoría de las unidades
agrícolas expropiadas. Al menos no en lo que toca a la idea del propietario
rentista que no agregaba ningún valor y que vivía de sangrar a sus trabajadores
campesinos. De hecho, en sectores como el del azúcar los productores peruanos
habían logrado desarrollar varios de los fundos más eficientes del mundo, lo
que contribuyó a que fuéramos el mayor exportador de este bien. Luego de la RA
nos tuvimos que volver importadores netos de azúcar y, ciertamente, de la
mayoría de alimentos que se producían en el Perú. Para 1980 teníamos que
importar 10 veces más alimentos que en 1979, convirtiendo así un país que era
netamente exportador en deficitario en materia de alimentos. ¡Y Velasco hablaba
de “seguridad alimentaria”!
Por otra parte, en lo que toca a la idea de las haciendas
que mantenían en estado de semiservidumbre a sus trabajadores, supuso meter
injustamente en el mismo saco a personas y empresas muy diferentes.
Por lo demás, resolver de una vez por todas esta deuda
histórica consolidaría al Estado Peruano como un Estado de derecho serio y
asentaría nuestro desarrollo futuro. Y también, por la misma razón, terminaría
de consolidar la imagen del gobierno del presidente Humala como uno
comprometido con la institucionalidad y con el respeto a los derechos de
propiedad. La confianza que irradiaría el gobierno sería poderosa e
incontrastable.
Quizá el gobierno sienta una dificultad ideológica, pues el
nacionalismo reconoce en Juan Velasco Alvarado a uno de sus inspiradores. Pero
el propio Velasco, en su discurso con motivo de la promulgación de la RA, dijo:
“Los que vean reducida su propiedad por la aplicación de la ley recibirán
compensación justipreciada por parte del Estado… Nosotros actuaremos con
equidad al aplicar la ley y seremos respetuosos de los derechos legítimos de
aquellos a quienes la ley se aplique”. El presidente Humala podría cumplir ese
compromiso e impedir así que siga siendo el timo que hasta hoy ha sido. Por lo
demás, Velasco sí les pagó, y buenas cifras, a las empresas extranjeras
expropiadas. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con todas las empresas
norteamericanas expropiadas, incluyendo la International Petroleum Company, en
virtud del célebre convenio Greene-De la Flor. Se pagó pese a que el gobierno
norteamericano decidió no aplicar la enmienda Hickenlooper. Los militares
nacionalistas, pues, trataron como expropiados de segunda a los peruanos frente
a los extranjeros.
El argumento de que se trata de un monto excesivo que solo
sería abordable por el presupuesto nacional a costa de postergar gastos
prioritarios sencillamente no es cierto. Para comenzar, la propia Constitución
establece que las disposiciones que exijan nuevos o mayores gastos públicos se
aplican progresivamente. Lo que no se puede hacer es desconocer un derecho. Por
lo demás, el pago podría hacerse por medio de una emisión de bonos, sin
comprometer significativamente al Tesoro Público. El asunto es resolver este
tema de una vez, porque han pasado más de 40 años sin solución y porque es una
burla que una sentencia tenga ya doce años sin ejecutarse y todavía haya
resistencia para que el tribunal pueda ordenar su ejecución.
TOMADO DE EL COMERCIO DE PERÚ
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