La deuda habitacional
Por Eduardo
Videla
Foto La relocalización de la Villa 21-24 en
Barracas es una de las más demoradas.- El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) advirtió ayer sobre “lo poco que se ha logrado en estos cinco
años en términos de mejorar las viviendas” de las familias afectadas por la
contaminación de Riachuelo. El organismo se pronunció al cumplirse ayer un
nuevo aniversario del fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),
que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y el mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes.
En una
declaración, el CELS sostiene que “resulta sustancial que el saneamiento del
Riachuelo contribuya efectivamente a mejorar la calidad de vida y garantizar el
derecho a la vivienda digna de los habitantes más vulnerables de la Cuenca”.
“Para ello
–argumenta el organismo– es indispensable que la Autoridad de la Cuenca Matanza
Riachuelo (Acumar) adopte un protocolo de actuación para las situaciones que
requieren la relocalización de población, tal como lo vienen reclamando el
CELS, junto al Cuerpo Colegiado de la sociedad civil, la Defensoría General de
la Ciudad y numerosas organizaciones.”
Tal como publicó
Página/12 el domingo, una de las asignaturas pendientes para el cumplimiento
del fallo de la Corte es el traslado de las familias que viven en la ribera del
Riachuelo, especialmente en la Villa 21-24, en Barracas, y en la Villa Inflamable,
en Dock Sud, partido de Avellaneda. la Corte dictó su histórico fallo el 8 de
julio de 2008.
“El
establecimiento de protocolos permitiría establecer pautas mínimas de
participación, adopción de consensos, acceso a la Justicia y especialmente estándares
de derecho a la vivienda para definir la localización, calidad, accesibilidad y
provisión de servicios que deben satisfacer las nuevas viviendas”, argumenta el
CELS.
Para el
organismo, “resulta fundamental que la Justicia, en el marco de esta
emblemática causa, priorice la realidad y necesidades de los vecinos que ven
vulnerados sus derechos en los procesos de relocalización por las múltiples
deficiencias, demoras e incumplimientos de estándares mínimos de calidad en la
construcción de nuevas viviendas”.
En ese sentido,
consideró como “un hecho auspicioso la posibilidad de hacer oír su voz y
demostrar su situación habitacional y ambiental que tuvieron vecinos y vecinas de
villas y asentamientos de la Ciudad afectados por el proceso de saneamiento
durante la inspección ocular judicial realizada el pasado jueves 4 de julio”.
Al respecto, el
CELS recuerda que la Corte ordenó a fines del año pasado a los jueces a cargo
de la ejecución de la sentencia, Sergio Torres y Jorge Rodríguez, que pusieran
“especial énfasis en el cumplimiento de metas y objetivos que involucran en
forma directa a la población en situación de riesgo”.
“El máximo
tribunal aclaró que quienes invoquen la calidad de afectados deben poder
participar y ser oídos en la causa. Del mismo modo, advirtió que debe
preservarse el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder, en los
nuevos inmuebles, a los servicios públicos esenciales”, manifestó el organismo
en su declaración. Las observaciones se refieren a las deficientes condiciones
habitacionales en las que fueron relocalizadas muchas familias de la ciudad de
Buenos Aires.
Tomado de pagina
12 de ar
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