sábado, 6 de julio de 2013

TIERRAS DE HONDURAS 24 % en manos privada complican instalación de viviendas sociales

 Honduras: El 24% del territorio nacional corresponde a parcelas privadas 1 Varias alcaldías actualmente presentan problemas para desarrollar obras sociales como proyectos de vivienda porque sus municipios ya no tienen tierra ejidal o no está identificada. Falta por identificar en su totalidad la naturaleza jurídica del departamento de Gracias a Dios. Gran parte de este departamento tiene zonas selváticas consideradas áreas protegidas. (Redacción) Tegucigalpa, Honduras Un total de 61,467 kilometros cuadrados, de los 112,492 que tiene el territorio nacional, están identificados ya se como tierra ejidal, nacional, privada o fiscal. Este registro del estatus legal de la tierra es de interés nacional y permite al Estado y a las alcaldías tener un mejor ordenamiento territorial y una mejor planificación. Desde 1972 con el proyecto de Catastro Demostrativo, el Estado viene impulsando la identificación de la tierra a nivel nacional, alcanzando hasta la fecha el reconocimiento del 55 por ciento del territorio. De acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Catastro y Geografía, a la fecha se tienen identificadas 2,866 parcelas privadas, equivalentes a 27,318 kilómetros cuadrado, o sea un 24% de la extensión del país. Asimismo, están reconocidos 861 sitios de tierra nacional, que poseen una área de 20,413 kilómetros cuadrados, equivalente a un 18%.En lo ejidal (municipal) se tienen reconocidos 768 sitios, que representan una extensión de 13,113 kilómetros cuadrados, igual a un 12% por ciento del territorio hondureño. En cuanto a terrenos fiscales se registran 90 sitios, que corresponden a 622 kilómetros cuadrados, igual a uno por ciento. Un terreno es de naturaleza fiscal cuando el Estado lo adquiere o lo compra a través de la Procuraduría General de la República.Estudio De acuerdo con Johana Marcela Nororis, gerente de Catastro, la naturaleza jurídica está definida por los sitios y estos no son más que aquellas áreas que puedan tener una naturaleza jurídica bien sea ejidal, privada o nacional o de naturaleza fiscal. En total ya se han reconocido 61,467 kilómetros cuadrados, que representan un 55 por ciento del territorio.Falta por cubrir la totalidad del departamento de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, parte de Colón, Olancho, El Paraíso, Lempira y pequeñísimas porciones de otros departamentos.Gran parte de lo que resta de Colón, Gracias a Dios y Olancho son zonas selváticas, consideradas áreas protegidas, según el mapeo del Sistema Nacional de áreas Protegidas (Sinap), que las clasifica como parques nacionales, áreas de manejo de hábitat, áreas de usos múltiples, monumentos culturales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, entre otros. “Como ve, donde no se ha definido es donde hay muchas áreas protegidas. Si usted observa, si sobreponemos el mapa de las áreas protegidas, no queda mucho por cubrir”, añadió Nororis. No significa que no nos interese saber la naturaleza jurídica en estos sectores, es importante porque al Instituto de Conservación Forestal (IFC) le interesa saber la condición, porque si son privadas el contrato de usufructo que dan es diferente a si el área es nacional. Si es privado quizás tiene menos restricciones porque la persona tiene sus derechos, pero si es nacional las restricciones son más estrictas. Trabajo Nororis recordó que el Estado comenzó a documentar el estatus legal de la tierra desde 1972 con el Proyecto de Catastro Demostrativo, que tomó como área de estudio los departamentos de Valle y Choluteca. Por diversas razones al final no se cumplió el propósito. En 1975 inició el Proyecto de Catastro Nacional, trabajando en 8 departamentos: Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. Se tenía planificado catastrar 66,000 kilómetros cuadrados, pero solo lograron 22 mil kilómetros y se terminó lo que había quedado pendiente con el catastro demostrativo en Choluteca y Valle. En 1980 se creó la Dirección Ejecutiva de Catastro (DEC), que es la que estaba antes de que la Dirección General de Catastro y Geografía, que resulta de la fusión con el instituto geográfico en 2004. Con la Ley de Propiedad y ya con la Dirección Ejecutiva de Catastro, que estaba adscrita a Secretaría de Gobernación y Justicia, lo que se hace es levantar la información a través de proyectos. En Olancho se ejecutó el proyecto Prolancho y el proyecto Guayape. La jefa de Catastro rememoró que con el proyecto Procorredor se levantó toda la información del departamento de Atlántida. “Se catastró tanto lo urbano como lo rural, aparte con procorredor se desarrollaron los planes de ordenamiento territorial, también se hizo el levantamiento de los perímetros urbanos, de las cabeceras municipales y de algunos asentamientos importantes, aparte con el ICF se realizó el levantamiento de áreas protegidas en el departamento de Atlántida. Con el proyecto Gestión Integral de Tierras (GIT) se catastró Tela, Puerto Cortés y Omoa. Además, con este proyecto se creó el Sigit (Sistema de Gestión Integral de Tierras), que busca vincular las actividades de los catastros municipales con el Sistema Unificado de Registro (Sure). “El problema es que las municipalidades tienen su catastro, pero la mayoría no están ingresados en el Sure, porque hay que seguir todo un protocolo para que poder ingresar”, añadió. En el 2012, solamente con el proyecto del Plan Nacional de Titulación, financiado directamente por el gobierno, se levanto información de 40,047 predios en todo el país. Incluso, prosiguió, gracias al Plan Nacional de Titulación la Dirección General de Catastro y Geografía ahora cuenta con equipo de cómputo, pues se adquirieron 31 computadoras para la Dirección, diez laptops, seis equipos gps de precisión submétrica de doble frecuencia, se compraron cinco estaciones totales, diez vehículos, se compraron tres escáneres rápidos, cuatro cloters y mobiliario. Importancia Tener establecido la condición legal de la tierra es de mucha importancia no solo para la Dirección de Catastro, sino también para el Instituto de la Propiedad en su labor de titulación. Asimismo es de vital trascendencia para las municipalidades, las cuales, a veces por desconocimiento, no saben dónde tienen competencia para otorgar dominio pleno, o dónde poder titular. A criterio de Nororis, sin el conocimiento de la situación de la tierra, las alcaldías no van a poder hacer un buen uso de su territorio a la hora de cobrar los impuestos y generar ingresos; incluso no podrán desarrollar proyectos sociales. La jefa de Catastro explicó que trabajan muy estrechamente con instituciones vinculadas a esta actividad como las alcaldías, el Instituto Nacional Agrario (INA), con el IFC y con el Programa de Administración de Tierras de Honduras (Path). También apoyan al Ministerio Público cuando los fiscales llevan casos sobre acusaciones por usurpación. Cambios Actualmente se está realizando una reingeniería en la Gerencia de Catastro, que próximamente será sometida a la aprobación del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Se está creando la Unidad de Límites Administrativos y de Sitios que trabajará en la revisión de la información ya levantada, la que también se corroborará en el campo para evitar errores. “Actualmente el Path ha levantado unos sitios y nos ha proporcionado la información y ya la estamos revisando, pera luego hay que ir al campo a realizar un control de calidad, lo cual es necesario porque son cosas muy delicadas, no puede haber errores en eso”. Además esta Unidad de Límites Administrativos y de Sitios tendrá que realizar un plan de trabajo para abordar las áreas que todavía no están levantadas, porque el fin es tener el registro de la naturaleza jurídica de todo el territorio. Además dentro del proceso de reingeniería se crea una unidad de vinculación municipal que es la que se va a encargar de tener esa relación directa con los alcaldes, explicó Nororis. Por falta de tierras, alcaldías no pueden ejecutar obras Varias alcaldías tienen dificultades para realizar diversos proyectos porque sus municipios no cuentan con tierras ejidales, afirmó Teodolinda Anderson, alcaldesa del municipio de Nuevo Celilac, Santa Bárbara. De acuerdo con la alcaldesa, tener identificado la legalidad de la tierra en los municipios es muy importante pues eso permite a las autoridades locales saber donde se pueden realizar ciertas obras. Explicó que en su municipio hay tierra nacional, la privada y la municipal es muy poca. “La mayoría de la tierra ya tiene dueño, independientemente de qué tipo de legalidad tenga”, añadió. De acuerdo con Anderson, no tener tierra ejidal es un problema a nivel de una gran cantidad de municipios. Debido a esto no se pueden realizar proyectos de vivienda o no se puede darle un terreno a una persona pobre. “Actualmente a nosotros nos está pasando una situación similar con respecto a las fuentes de agua que es mucho más importante. Las aldeas quieren tener su fuente de agua con su título de propiedad y los dueños de esta tierra están vendiendo un cuarto de manzana en cantidades increíbles, muy caras”. Como una gran cantidad de municipios no tienen tierra ejidal para ejecutar proyectos, entonces tienen que comprar los predios a precios muy elevados, sostuvo. Situación similar viven las autoridades de los municipios de Catacamas y Juticalpa, en Olancho. La Dirección General de Catastro y Geografía todavía no ha realizado el levantamiento de la información catastral, por lo tanto, no se sabe cuál es la naturaleza jurídica de la tierra en esos municipios.
tomado del heraldo de Honduras 

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